jueves, 19 de mayo de 2011

REPRESA Y MEDIO AMBIENTE

Desde un punto de vista ambiental, la mayoría de los impactos que causan las grandes represas son irreversibles, incluyendo extinción de especies, pérdida de bosques, humedales y tierras con potencialidad agrícola. Degradan los servicios ambientales de alto valor económico de las zonas inundables, ecosistemas ribereños y zonas marinas adyacentes. Además, fracasan los esfuerzos por mitigarlos. Despúes de terminada su vida útil que en promedio no dura más de 50 años, más del 20% de los terrenos inundados se pierden por salinización y se emiten gases invernaderos por la pudrición de la vegetación  y la materia orgánica que llega hasta su área de captación.
Desde un punto de vista económico, es evidente que el mundo y las decisiones sobre cómo generar energía eléctrica cambiaron desde el terremoto de Fukushima. Hoy la gran interrogante es si podemos arriesgar el porvenir de Chile por no invertir a tiempo en energías alternativas. El dilema no es solo qué tecnologías elegimos, sino también cuáles son los medios de que disponemos para que nuestras decisiones respondan a un debate público comprensible a todos. La inestabilidad política del Medio Oriente más la creciente demanda china nos anuncian un mundo de petróleo y energías tradicionales cada día más caros, por lo tanto lo aconsejable es invertir en energías alternativas como la eólica, geotermia, energía solar, mareomotriz, entre otras.
Desde un punto de vista sociopolítico, ninguna represa debería construirse sin la "aceptación demostrada" de las personas afectadas, y sin el consentimiento libre, previo e informado de la población. Por ello, se requiere dotar a nuestra institucionalidad Ambiental de un nuevo enfoque sociopolíticdo para la toma de decisiones, en el cual se reconozcan los derechos de las personas y se evaluen los riesgos para todos los actores sociales. Las prioridades estratégicas de este nuevo enfoque serían, por una parte, lograr la aceptación de la población local mediante acuerdos negociados que sean legalmente vinculantes y, por otra, realizar una evaluación integral de las opciones y un diagnóstico transparente y participativo de las necesidades  y las preocupaciones sociales, las cuales deben recibir la misma ponderación como las cuestiones técnicas y económicas.

Jaime Hurtubia, Ex Director, División de Ecosistemas, Programa de las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente (Unep).
En carta al director de El Mercurio

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